TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 13 DE DICIEMBRE DE 2010 AL PROYECTO DE LEY No. 190 DE 2010 SENADO, 092 DE 2010 CÁ

TEXTO APROBADO EN SESIÓN PLENARIA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA DEL DÍA 13 DE

DICIEMBRE DE 2010 AL PROYECTO DE LEY No. 190 DE 2010 SENADO, 092 DE 2010

CÁMARA “POR LA CUAL SE ADOPTAN REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS, DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”

EL CONGRESO DE COLOMBIA

DECRETA:

TÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS

CAPÍTULO I

De los principios y reglas de organización y funcionamiento

Artículo 1°. Principios de organización y funcionamiento. Los partidos y movimientos

políticos se ajustarán en su organización y funcionamiento a los principios de transparencia,

objetividad, moralidad, equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos

de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en las leyes y en sus estatutos.

En desarrollo de estos principios, los partidos y movimientos políticos deberán garantizarlos en sus

estatutos. Para tales efectos, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones de contenidos mínimos:

1. Participación. Entiéndase por el derecho de todo afiliado a intervenir, directamente o a través

de sus representantes, en la adopción de las decisiones fundamentales del partido o movimiento, en

el máximo órgano de dirección y en las demás instancias de gobierno, administración y control, así

como los derechos de elegir y ser elegido en todo proceso de designación o escogencia de sus

directivos y de sus candidatos a cargos y corporaciones de elección popular, de acuerdo a sus

estatutos.

2. Igualdad. Se entiende por igualdad la exclusión de toda discriminación o privilegio por razones

ideológicas, económicas, sociales, de sexo, o de raza, en los procesos de participación en la vida del

partido o movimiento.

3. Pluralismo. El pluralismo implica para las organizaciones políticas el deber de garantizar la

expresión de las tendencias existentes en su interior, en particular de las minorías, sin perjuicio de la

aplicación del principio de mayoría, razón por la que los estatutos incluirán normas sobre quórum y

mayorías especiales para la toma de decisiones fundamentales en materia de organización,

funcionamiento y de participación de sus afiliados en la vida del partido o movimiento.

4. Equidad e igualdad de género. En virtud del principio de equidad e igualdad de género, los

hombres, las mujeres y las demás opciones sexuales gozarán de igualdad real de derechos y

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

oportunidades para participar en las actividades políticas, dirigir las organizaciones partidistas, acceder

a los debates electorales y obtener representación política.

5. Transparencia. Es el deber de los partidos y movimientos políticos de mantener

permanentemente informados a sus afiliados sobre sus actividades políticas, administrativas y

financieras. Para su cumplimiento, deberán realizar cada año rendición de cuentas.

6. Moralidad. Los miembros de los partidos y movimientos políticos desarrollarán su actividad de

conformidad con las normas de comportamiento adoptadas en los correspondientes códigos de ética.

Artículo 2°. Prohibición de doble militancia. En ningún caso se permitirá a los ciudadanos

pertenecer simultáneamente a más de un partido o movimiento político. La militancia o pertenencia a

un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la

respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal

efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.

Quienes se desempeñen en cargos de dirección, gobierno, administración o control, dentro de los

partidos y movimientos políticos, o hayan sido o aspiren ser elegidos en cargos o corporaciones de

elección popular, no podrán apoyar candidatos distintos a los inscritos por el partido o movimiento

político al cual se encuentren afiliados. Los candidatos que resulten electos, siempre que fueren

inscritos por un partido o movimiento político, deberán pertenecer al que los inscribió mientras

ostenten la investidura o cargo, y si deciden presentarse a la siguiente elección por un partido o

movimiento político distinto, deberán renunciar a la curul al menos doce (12) meses antes del primer

día de inscripciones.

Los directivos de los partidos y movimientos políticos que aspiren ser elegidos en cargos o

corporaciones de elección popular por otro partido o movimientos político o grupo significativo de

ciudadanos, o formar parte de los órganos de dirección de estas, deben renunciar al cargo doce (12)

meses antes de postularse o aceptar la nueva designación o ser inscritos como candidatos.

El incumplimiento de estas reglas constituye doble militancia, que será sancionada de conformidad

con los estatutos, y en el caso de los candidatos será causal para la revocatoria de la inscripción.

Parágrafo. Las restricciones previstas en esta disposición no se aplicarán a los miembros de los

partidos y movimientos políticos que sean disueltos por decisión de sus miembros o pierdan la

personería jurídica por causas distintas a las sanciones previstas en esta ley, casos en los cuales

podrán inscribirse en uno distinto con personería jurídica sin incurrir en doble militancia.

Artículo 3°. Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos. El Consejo Nacional

Electoral llevará el registro de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Los respectivos

representantes legales registrarán ante dicho órgano las actas de fundación, los estatutos y sus

reformas, los documentos relacionados con la plataforma ideológica o programática, la designación y

remoción de sus directivos, así como el registro de sus afiliados. Corresponde al Consejo Nacional

Electoral autorizar el registro de los mencionados documentos previa verificación del cumplimiento de

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

los principios y reglas de organización y funcionamiento consagrados en la Constitución, la ley y los

correspondientes estatutos.

Parágrafo. Los grupos significativos de ciudadanos que postulen candidatos al Senado de la

República o a la Cámara de Representantes y obtengan los votos requeridos para el reconocimiento

de personería jurídica, podrán organizarse como partidos o movimientos políticos y solicitar la

correspondiente personería. La solicitud deberá ir acompañada del acta de fundación, los estatutos, la

plataforma ideológica y programática, la lista de afiliados y la prueba de la designación de los

directivos, y será presentada ante el Consejo Nacional Electoral por quien haya sido designado como

representante legal del partido o movimiento así constituido.

En el acto de reconocimiento de personería jurídica el Consejo Nacional Electoral ordenará su

inscripción en el Registro Único a que se refiere esta disposición, a partir de lo cual dichas agrupaciones

políticas tendrán los mismos derechos y obligaciones de los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica y se someterán, en todo lo demás, a las mismas reglas de organización y

funcionamiento.

Artículo 4°. Contenido de los estatutos. Los estatutos de los partidos y movimientos políticos

contendrán cláusulas o disposiciones que los principios señalados en la ley y especialmente los

consagrados en el artículo 107 de la Constitución, en todo caso, deben contener como mínimo, los

siguientes asuntos:

1. Denominación y símbolos.

2. Régimen de pertenencia al partido o movimientos político en el que se señalen reglas de

afiliación y retiro, así como los derechos, deberes y prohibiciones de sus miembros.

3. Autoridades, órganos de dirección, gobierno y administración, y reglas para su designación y

remoción.

4. Convocatoria, fecha y demás aspectos relacionados con la reunión de la convención del partido o

movimiento político, o de su máximo órgano de dirección, la cual deberá realizarse por lo menos cada

dos (2) años, y garantizar a sus miembros influir en la toma de las decisiones más importantes de la

organización política.

5. Autoridades, órganos de control, entre estos el Consejo de Control Ético y el Veedor de la

respectiva organización, junto con las reglas para su designación y remoción.

6. Deberes de los directivos, entre ellos el de propiciar procesos de democratización interna y el

fortalecimiento del régimen de bancadas.

7. Regulación interna del régimen de bancadas en las corporaciones de elección popular.

8. Mecanismos de impugnación de las decisiones adoptadas por los órganos de dirección, gobierno,

administración y control, así como por las respectivas bancadas.

9. Código de Ética, en el que se desarrollen los principios de moralidad y el debido proceso, y en el

que se fijen, además, los procedimientos para la aplicación de las sanciones por infracción al mismo,

mínimos bajo los cuales deben actuar los afiliados a la organización política, en especial sus directivos.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

10. Postulación, selección e inscripción de candidatos a cargos y corporaciones de elección popular

mediante mecanismos democráticos teniendo en cuenta el deber de garantizar la equidad de género.

11. Consultas internas, populares o el proceso de consenso para la selección de candidatos a

cargos o corporaciones de elección popular y para la toma de decisiones con respecto a su

organización o la reforma de los estatutos.

12. Régimen disciplinario interno, en el que se adopten mecanismos para sancionar la doble

militancia, así como, para separar del cargo a sus directivos cuandoquiera que no desempeñen sus

funciones conforme a la Constitución, la ley y los estatutos.

13. Financiación de los partidos o movimientos políticos, de las campañas y, en particular, la forma

de recaudo de contribuciones y donaciones, control al origen y cuantía de las mismas, distribución de

la financiación estatal, apoyo financiero a sus candidatos, y publicidad de todo ingreso y gasto.

14. Procedimiento de formulación, aprobación y ejecución de su programa y de su presupuesto.

15. Sistema de auditoría interna y reglas para la designación del auditor, señalando los mecanismos y

procedimientos para el adecuado manejo de la financiación estatal del funcionamiento y de las

campañas.

16. Utilización de los espacios institucionales en televisión y en los medios de comunicación para

efectos de la divulgación política y la propaganda electoral.

17. Reglas que desarrollen los deberes a cargo de los partidos o movimientos políticos, y

18. Reglas de disolución, fusión con otros partidos o movimientos políticos, o escisión y liquidación.

Parágrafo. Los partidos o movimientos políticos adecuarán sus estatutos a lo dispuesto en la

presente ley en la siguiente reunión del órgano que tenga la competencia para reformarlos.

CAPÍTULO II

De las consultas como mecanismo de democracia interna

Artículo 5°. Las consultas son mecanismos de participación democrática y política que los partidos

y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos pueden utilizar

con la finalidad de adoptar decisiones internas o escoger sus candidatos, propios o de coalición, a

cargos o corporaciones de elección popular.

Las consultas pueden ser internas o populares. Se denominarán internas cuando en ellas sólo

puedan participar los miembros de la organización política que se encuentren en el registro de

afiliados. Se denominarán populares cuando puedan hacerlo todos los ciudadanos inscritos en el

censo electoral. Las consultas internas se regularán por las disposiciones previstas en los estatutos de

los partidos y movimientos políticos.

Las consultas convocadas por una coalición de partidos y/o movimientos políticos con personería

jurídica, pueden ser internas o populares y se denominarán interpartidistas. Podrán ser convocadas

con el objeto de seleccionar candidatos de coalición a cargos uninominales, previo acuerdo suscrito

por sus directivos nacionales o departamentales según sea el caso.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

El Estado contribuirá al financiamiento de las consultas mediante el sistema de reposición de gastos

por votos obtenidos. Los partidos y movimientos políticos podrán solicitar anticipos para estas

consultas de acuerdo con la reglamentación que expida el Consejo Nacional Electoral.

Artículo 6°. Normas aplicables a las consultas. En las consultas populares se aplicarán las

normas que rigen para las elecciones ordinarias y en las internas las disposiciones estatutarias propias

de los partidos y movimientos que las convoquen. La organización electoral colaborará para la

realización de las consultas de los partidos y movimientos políticos, la cual incluirá el suministro de

tarjetas electorales o instrumentos de votación electrónica, la instalación de puestos de votación y la

realización del escrutinio.

En el caso de las consultas populares interpartidistas, el límite de gastos, el número de vallas,

avisos en prensa y cuñas, se fijarán para cada partido, movimiento o grupo significativo de

ciudadanos en condiciones de igualdad, los cuales harán la distribución entre sus precandidatos.

La realización de las consultas podrá coincidir con las elecciones a corporaciones públicas. Cada

año el Consejo Nacional Electoral señalará una fecha para la realización de las consultas, cuando

deban realizarse en día distinto al señalado para las elecciones ordinarias. En todo caso las consultas

populares para seleccionar candidatos a un mismo cargo o corporación se realizarán en la misma

fecha por todos los partidos y movimientos que decidan acudir a este mecanismo.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará la convocatoria y realización de las consultas

garantizando la igualdad entre los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de

ciudadanos que participen en ellas.

Artículo 7°. Obligatoriedad de los resultados. El resultado de las consultas será obligatorio

para el partido, movimiento, grupo significativo de ciudadanos o coalición, que las hubiere convocado,

así como para los precandidatos que hubieren participado en ellas.

Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado

en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las

convocan. Quienes hubieren participado como precandidatos quedarán inhabilitados para inscribirse

como candidatos en cualquier circunscripción dentro del mismo proceso electoral, por partidos,

movimientos, grupos significativos de ciudadanos o coaliciones distintas. Los partidos y movimientos

políticos y sus directivos, las coaliciones, los promotores de los grupos significativos de ciudadanos y

los precandidatos que participaron en la consulta, no podrán inscribir ni apoyar candidatos distintos a

los seleccionados en dicho mecanismo, con excepción de los casos de muerte o incapacidad absoluta

del candidato así seleccionado. La inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o

revocatoria de la inscripción del candidato que se apoye, diferente al elegido en la consulta. La

inscripción, en todo caso, a solicitud del candidato seleccionado, se hará a nombre de los partidos,

movimientos o coaliciones que realizaron la consulta, aunque no suscriban el formulario de solicitud

de inscripción.

En caso de incumplimiento de los resultados de las consultas o en caso de renuncia del candidato,

los partidos, movimientos y/o candidatos, deberán reintegrar proporcionalmente los gastos en que

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

hubiere incurrido la organización electoral, los cuales serán fijados por el Consejo Nacional Electoral

con base en los informes que presente la Registraduría Nacional del Estado Civil. Estas sumas podrán

ser descontadas de la financiación estatal que corresponda a dichos partidos y movimientos.

CAPÍTULO III

Régimen sancionatorio

Artículo 8°. Responsabilidad de los partidos. Los partidos y movimientos políticos deberán

responder por toda violación o contravención a las normas que rigen su organización, funcionamiento

o financiación, así como por las conductas de sus directivos consideradas como faltas en el artículo 10

de la presente ley.

Artículo 9°. Directivos. Entiéndase por directivos de los partidos y movimientos políticos aquellas

personas que, de acuerdo con los estatutos de la organización, hayan sido inscritas ante el Consejo

Nacional Electoral como designados para dirigirlos y para integrar sus órganos de gobierno,

administración y control. El Consejo Nacional Electoral podrá de oficio, exigir que se verifique la

respectiva inscripción si ella no se ha realizado dentro de los diez (10) días siguientes a su elección o

designación, y aun realizarla si dispone de la prueba correspondiente. Cualquier delegado al congreso

o convención del partido podrá impugnar ante el Consejo Nacional Electoral la designación de esas

directivas dentro de los quince (15) días siguientes a su inscripción, por violación grave de los

estatutos del partido o movimiento. Para todos los efectos, el Consejo Nacional Electoral sólo

reconocerá como autoridades de los partidos y movimientos a las personas debidamente inscritas en

él.

Los partidos y movimientos políticos ajustarán a sus estatutos las disposiciones de esta ley dentro

de los dos (2) años siguientes a su vigencia. Mientras tanto, las directivas democráticamente

constituidas podrán tomar todas las decisiones que las organizaciones políticas competen en

desarrollo de la misma.

Artículo 10. Faltas. Constituyen faltas sancionables las siguientes acciones u omisiones

imputables a los directivos de los partidos y movimientos políticos:

1. Incumplir los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales

que regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de los partidos y movimientos políticos.

2. Desconocer en forma, reiterada, grave e injustificada, la solicitud de alguna instancia u

organismo interno.

3. Permitir la financiación de la organización y/o la de las campañas electorales, con fuentes de

financiación prohibidas.

4. Violar o tolerar que se violen los topes o límites de ingresos y gastos de las campañas

electorales.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

5. Inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular que no reúnan los requisitos o

calidades, se encuentren incursos en causales objetivas de inhabilidad o incompatibilidad, o hayan

sido condenados antes de su inscripción o llegaren a serlo durante el periodo para el cual resultaren

elegidos, por delitos cometidos antes de su inscripción relacionados con la vinculación a grupos

armados ilegales, actividades del narcotráfico, contra los mecanismos de participación democrática o

de lesa humanidad.

6. Estimular la formación de asociaciones il egales, hacer parte de ellas o permitirles realizar

propaganda a favor del partido, movimiento o candidatos o que influya en la población para que

apoye a sus candidatos.

7. Utilizar o permitir el uso de la violencia para el ejercicio de la participación política y electoral.

8. Incurrir en actos tipificados como delitos contra mecanismos de participación democrática; contra

la administración pública; contra la existencia y seguridad del Estado; contra el régimen constitucional y

legal; de lesa humanidad; o relacionados con actividades de grupos armados ilegales o de narcotráfico.

9. Cometer delitos contra la administración pública, actos de corrupción, mostrar connivencia con

estos y/o teniendo conocimiento de estas situaciones, no iniciar los procesos correspondientes, o no

realizar las denuncias del caso.

Parágrafo. Los partidos o movimientos políticos también responderán por avalar a candidatos no

elegidos para cargos o corporaciones públicas de elección popular, si estos hubieran sido o fueren

condenados durante el periodo del cargo público al cual se candidatizó, mediante sentencia

ejecutoriada en Colombia o en el exterior por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados

ilegales y actividades del narcotráfico, cometidos con anterioridad a la expedición del aval

correspondiente.

Artículo 11. Régimen Disciplinario de los Directivos. Los directivos de los partidos y

movimientos políticos a quienes se demuestre que no han procedido con el debido cuidado y

diligencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones que les confiere la personería jurídica, por

haber incurrido en cualquiera de las faltas a que se refiere el artículo anterior, estarán sujetos a las

siguientes sanciones:

1. Amonestación escrita y pública en el caso de incumplimiento de los deberes de diligencia en la

aplicación de las disposiciones constitucionales y/o legales que regulan la organización,

funcionamiento y/o financiación de sus respectivas organizaciones políticas.

2. Suspensión del cargo directivo hasta por tres (3) meses.

3. Destitución del cargo directivo, y

4. Expulsión del partido o movimiento.

5. Aquellas otras que se establezcan en los estatutos.

Estas sanciones serán impuestas por los órganos de control de los partidos y movimientos políticos

y mediante el procedimiento previsto en sus estatutos, con respeto al debido proceso, el cual

contemplará la impugnación en el efecto suspensivo, ante el Consejo Nacional Electoral, de la decisión

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

que adopten dichos órganos, la cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles

siguientes a su notificación personal.

Artículo 12. Sanciones aplicables a los partidos y movimientos. Los partidos y movimientos

políticos con personería jurídica podrán ser objeto de las siguientes sanciones según la gravedad o

reiteración de las faltas, la categoría de las entidades territoriales, cuando ellas sean imputables a sus

directivos, a sus candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o, en general, cuando sus

directivos no adopten las medidas tendientes a evitar la realización de tales acciones u omisiones o

cuando no inicien los procedimientos internos tendientes a su investigación y sanción:

1. Suspensión o privación de la financiación estatal y/o de los espacios otorgados en los medios de

comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, en los casos de incumplimiento

grave de los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales que

regulan la organización, funcionamiento y/o financiación de dichas organizaciones políticas, y cuando

se trate de las faltas a que se refieren los numerales 1 al 8 del artículo 10.

2. Suspensión de su personería jurídica, hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de las faltas a

que se refieren los numerales 1 al 4 del artículo 10.

3. Suspensión del derecho de inscribir candidatos o listas en la circunscripción en la cual se

cometan las faltas a las que se refieren los numerales 4 al 8.

4. Cancelación de su personería jurídica, cuando se trate de las faltas a que se refieren los

numerales 4 al 8 del artículo 10.

5. Disolución de la respectiva organización política, cuando se trate de las faltas a que se refieren

los numerales 7 al 8 del artículo 10, y,

6. Cuando se trate de condenas ejecutoriadas en Colombia o en el exterior por delitos relacionados

con la vinculación a grupos armados ilegales y actividades del narcotráfico o de delitos contra los

mecanismos de participación democrática o de lesa humanidad, el partido o movimiento que inscribió

al condenado no podrá presentar candidato para la siguiente elección en la misma circunscripción. Si

faltaren menos de 18 meses para la siguiente elección no podrá presentar terna, caso en el cual el

nominador podrá libremente designar el reemplazo.

Los partidos o movimientos políticos perderán el reconocimiento de su personería jurídica, cuando

al restarle los votos obtenidos por los congresistas condenados por los delitos a que se refiere el

numeral 5º del artículo 10, no se alcance el umbral. En estos casos se ordenará adicionalmente la

devolución de la financiación estatal de la campaña en una cantidad equivalente al número de votos

obtenido por el congresista o congresistas condenados. La devolución de los recursos de reposición

también se aplica cuando se trate de candidatos a cargos uninominales. En los casos de listas

cerradas la devolución aplicará en forma proporcional al número de candidatos elegidos.

En todo caso, desde el momento en que se dictare medida de aseguramiento por tales delitos, el

Consejo Nacional Electoral suspenderá proporcionalmente el derecho de los partidos y movimientos

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

políticos a la financiación estatal y a los espacios otorgados en los medios de comunicación social que

hacen uso del espectro electromagnético.

En los casos de suspensión o privación de la financiación estatal impuesta cuando ya el partido o

movimiento político la hubiere recibido, se ordenará la devolución de las sumas a que hubiere lugar.

Parágrafo 1°. Las sanciones de suspensión de espacios en medios de comunicación y de la

financiación estatal son concurrentes con las de suspensión de la personería jurídica o de disolución, y

solo surtirán efectos desde su anotación en el Registro Único de Partidos y Movimientos Políticos.

Parágrafo 2°. Las sanciones podrán ser impuestas con efectos en la circunscripción en la cual se

cometieron las faltas sancionables.

Artículo 13. Competencia y procedimiento para imponer sanciones a los partidos y

movimientos políticos. El Consejo Nacional Electoral es titular del ejercicio preferente en la

competencia y procedimiento para imponer sanciones a partidos, movimientos políticos y grupos

significativos de ciudadanos cuando estos no lo hicieren de acuerdo a su régimen disciplinario interno.

1. La resolución mediante la cual ordene la apertura de la correspondiente investigación deberá

formular cargos, claramente las faltas atribuibles, los hechos objeto de investigación, las pruebas de

que dispone, las disposiciones infringidas y las sanciones aplicables. Si el Consejo Nacional Electoral

no dispusiere de elementos de juicio suficientes para formular cargos, adelantará previamente la

correspondiente indagación preliminar, de cuyo inicio informará a la respectiva organización política.

2. La resolución de apertura de investigación ordenará notificar personalmente al representante legal

del partido o movimiento vinculado a la investigación, a las personas implicadas en los hechos objeto

de investigación y al Ministerio Público.

3. El representante legal del partido o movimiento vinculado a la investigación y las personas

implicadas en los hechos objeto de investigación, podrán responder los cargos dentro de los quince

(15) días hábiles siguientes al de la notificación personal.

4. Una vez presentados los descargos o transcurrido el plazo para ello, la corporación decretará las

pruebas solicitadas y/o las que considere necesarias practicar, para lo cual dispondrá de un lapso de

tres (3) meses contados a partir del día siguiente al de ejecutoria de la providencia mediante la cual

se decretaron. El consejero ponente podrá prorrogar el término probatorio por dos (2) meses más a

fin de garantizar la recaudación de la totalidad de las pruebas decretadas o para la práctica de nuevas

pruebas en los casos en que considere necesario decretarlas para mejor proveer.

5. Concluido el término probatorio se dará traslado a las personas vinculadas a la investigación así

como al Ministerio Publico, por quince (15) días hábiles, para que presenten sus alegatos de

conclusión, transcurridos los cuales el proceso entrará al despacho del ponente para decisión, la cual

deberá dictarse dentro de los dos (2) meses siguientes.

6. En cualquier etapa de la actuación podrá adoptarse como medida cautelar, debidamente

motivada la suspensión de la financiación, de los espacios en medios de comunicación social o de la

personería jurídica, hasta que se adopte la decisión final, con el alcance y los efectos que se estimen

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

oportunos para salvaguardar el interés general. En tal caso, se ordenará la correspondiente anotación

preventiva en el Registro de partidos.

Los aspectos de procedimiento no previstos en esta disposición, se regularán, en cuanto resultare

pertinente, por lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.

7. La decisión adoptada por el Consejo Nacional Electoral podrá ser demandada ante el Consejo de

Estado. Cuando la sanción sea la disolución, cancelación o suspensión de la personería Jurídica, la

demanda contencioso administrativa contra el acto sancionatorio se tramitará en forma preferencial y

será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá cualquier asunto de naturaleza diferente,

salvo el de hábeas corpus y el de las acciones de tutela.

CAPÍTULO IV

De la disolución y liquidación de los partidos y movimientos políticos

Artículo 14. Disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos

políticos. La disolución, liquidación, fusión y escisión de los partidos y movimientos políticos se regirá

por lo dispuesto en la ley y/o en sus estatutos. La disolución y liquidación de los partidos y movimientos

políticos, adoptada por decisión administrativa del Consejo Nacional Electoral no tendrá recurso alguno.

No podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento

político cuando se haya iniciado proceso sancionatorio.

Si en los estatutos no se dispusiere nada sobre liquidador, actuará como tal quien tuviere su

representación al momento de presentarse la causal de disolución, a menos que la causal le fuere

atribuible como falta, caso en el cual el liquidador será designado por el Consejo Nacional Electoral. Si

transcurridos tres (3) meses desde que se hubiere decretado la cancelación de personería jurídica, su

revocatoria o la disolución, no se hubiere iniciado el proceso de liquidación, esta corporación

designará el liquidador y adoptará las demás medidas a que hubiere lugar para impulsar la

liquidación.

La liquidación se regulará por las normas previstas en la ley civil para la disolución y liquidación de las

personas jurídicas sin ánimo de lucro. El remanente de los activos patrimoniales que resultare después

de su liquidación será de propiedad del Fondo de Financiación de Partidos y Campañas, a menos que en

los estatutos se haya previsto una destinación que en todo caso deberá corresponder a un objeto

análogo al de los partidos y movimientos políticos.

Parágrafo Transitorio. En los casos en que en los estatutos de los partidos y movimientos

políticos no dispusieren nada sobre disolución voluntaria, tal decisión podrá ser adoptada por las

respectivas bancadas del Congreso con una votación no inferior a las dos terceras partes de sus

integrantes.

Artículo 15. Efectos de la disolución administrativa. La disolución administrativa de un

partido o movimiento político producirá los siguientes efectos:

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Una vez notificada la decisión en la que se decrete la disolución, procederá el cese inmediato de

toda actividad del partido o movimiento político. Los actos ejecutados con posterioridad a la ejecutoria

de la decisión se reputarán inexistentes.

Se considerará fraudulenta la creación de un nuevo partido o movimiento político o la utilización de

otro que continúe o suceda la actividad de la organización disuelta, la cual se presumirá cuando exista

conexión o similitud sustancial de su estructura, organización y funcionamiento o de las personas que

las componen, dirigen, representan o administran o de la procedencia de los medios de financiación o

de cualesquiera otra circunstancia relevante que permita considerar dicha continuidad o sucesión.

TÍTULO II

DE LA FINANCIACIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO I

De la financiación del funcionamiento de los partidos y movimientos políticos

Artículo 16. Fuentes de financiación de los partidos y movimientos políticos. Los partidos

y movimientos políticos podrán acudir a las siguientes fuentes para la financiación de su

funcionamiento y de sus actividades:

1. Las cuotas de sus afiliados, de conformidad con sus estatutos.

2. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, de sus afiliados y/o de

particulares.

3. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

4. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del

partido o movimiento, los rendimientos procedentes de la gestión de su propio patrimonio y los que se

obtengan de las actividades que puedan realizar en relación con sus fines específicos.

5. Los rendimientos financieros de inversiones temporales que realicen con sus recursos propios.

6. Las herencias o legados que reciban, y

7. La financiación estatal, en el caso de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica.

Parágrafo. De conformidad con el artículo 125-4 del Estatuto Tributario, las donaciones a que se

refiere el numeral 2 de esta disposición podrán ser deducidas hasta en un 30% de la renta líquida del

donante, determinada antes de restar el valor de la donación, siempre que cumplan los requisitos y

modalidades previstos en los artículos 125 y s.s. del mencionado Estatuto.

Artículo 17. De la financiación estatal de los partidos y movimientos políticos. El Estado

concurrirá a la financiación del funcionamiento permanente de los partidos y movimientos políticos

con personería jurídica, por conducto del Fondo Nacional de Financiación política, de conformidad con

las siguientes reglas de distribución de la correspondiente apropiación presupuestal:

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

1. El diez por ciento (10%) se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos

políticos con personería jurídica.

2. El quince por ciento (15%) se distribuirá por partes iguales entre los partidos o movimientos

políticos que hayan obtenido el 3% o más del total de votos emitidos válidamente en el territorio

nacional en la última elección de Senado de la República o de Cámara de Representantes.

3. El cuarenta por ciento (40%) se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o

movimientos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección del Congreso de la

República.

4. El quince por ciento (15%) se distribuirá, por partes iguales entre todos los partidos o

movimientos políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Concejos

Municipales.

5. El diez por ciento (10%), se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos

políticos en proporción al número de curules obtenidas en la última elección de Asambleas

Departamentales.

6. El cinco por ciento (5%), se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos

políticos en proporción al número de mujeres elegidas en las corporaciones públicas.

7. El cinco por ciento (5%), se distribuirá por partes iguales entre todos los partidos o movimientos

políticos en proporción al número de jóvenes elegidos en las corporaciones públicas.

Parágrafo. Se denominarán jóvenes aquellas personas entre los 18 y los 26 años de edad sin

perjuicio de los requisitos establecidos por la ley de juventud para aspirar a cargos en las

corporaciones públicas.

Parágrafo transitorio. Mientras se realiza la jornada electoral para corporaciones públicas de

2014, el quince por ciento (15%) se distribuirá por partes iguales entre los partidos o movimientos

políticos que hayan obtenido el dos (2%) por ciento o más del total de los votos emitidos válidamente

en el territorio nacional en la última elección de Senado o de Cámara de Representantes.

Artículo 18. Destinación de los recursos. Los recursos provenientes de la financiación estatal

se destinarán a financiar las actividades que realicen para el cumplimiento de sus fines y el logro de

sus propósitos y, en particular, para las siguientes finalidades, de conformidad con sus planes,

programas y proyectos:

1. Para el funcionamiento de sus estructuras regionales, locales y sectoriales.

2. Para la inclusión efectiva de mujeres, jóvenes y minorías étnicas en el proceso político.

3. Para el funcionamiento de los centros y fundaciones de estudio, investigación y capacitación.

4. Para dar apoyo y asistencia a sus bancadas.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

5. Para cursos de formación y capacitación política y electoral.

6. Para la divulgación de sus programas y propuestas políticas.

7. Para el ejercicio de mecanismos de democracia interna previstos en sus estatutos.

En todo caso, para las actividades de sus centros de pensamiento, la realización de cursos de

formación y capacitación política y electoral, y para la inclusión efectiva de jóvenes, mujeres y

minorías étnicas en el proceso político, los partidos y movimientos destinarán en sus presupuestos

anuales una suma no inferior al 15% (quince por ciento) de los aportes estatales que le

correspondieren.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica están obligados a debatir y a aprobar

democráticamente sus presupuestos, y a ofrecer completa información pública sobre las decisiones

adoptadas en esta materia, de conformidad con la reglamentación que expida el Consejo Nacional

Electoral.

Artículo 19. Rendición pública de cuentas. Dentro de los primeros cuatro (4) meses de cada

año los partidos y movimientos políticos con personería jurídica presentarán ante el Consejo Nacional

Electoral declaración de patrimonio, ingresos y gastos, utilizando para ello el formato que para tal

efecto disponga esta entidad.

CAPÍTULO II

De la financiación de las campañas electorales

Artículo 20. Fuentes de financiación. Los candidatos de los partidos, movimientos y grupos

significativos de ciudadanos inscritos a cargos o corporaciones de elección popular, podrán acudir a

las siguientes fuentes para la financiación de sus campañas electorales:

1. Los recursos propios de origen privado que los partidos y movimientos políticos destinen para el

financiamiento de las campañas en las que participen.

2. Los créditos o aportes que provengan del patrimonio de los candidatos, de sus cónyuges o de

sus compañeros permanentes, o de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad.

3. Las contribuciones, donaciones y créditos, en dinero o en especie, que realicen los particulares.

4. Los créditos obtenidos en entidades financieras legalmente autorizadas.

5. Los ingresos originados en actos públicos, publicaciones y/o cualquier otra actividad lucrativa del

partido o movimiento.

6. La financiación estatal, de acuerdo con las reglas previstas en esta ley.

Artículo 21. De la financiación estatal para las campañas electorales. Los partidos y

movimientos políticos y grupos de ciudadanos que inscriban candidatos, tendrán derecho a

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

financiación estatal de las correspondientes campañas electorales, mediante el sistema de reposición

de gastos por votos válidos obtenidos, siempre que obtengan el siguiente porcentaje de votación:

En las elecciones para corporaciones públicas tendrán derecho a financiación estatal, cuando la

lista obtenga el cincuenta (50%) o más del umbral determinado para la respectiva corporación.

En las elecciones para gobernadores y alcaldes, cuando el candidato obtenga el cuatro por ciento

(4%) o más del total de votos válidos depositados en la respectiva elección.

La financiación estatal de las campañas electorales incluirá los gastos realizados por los partidos y

movimientos políticos y/o los candidatos.

Parágrafo. El valor de reposición por voto válido obtenido por cada candidato o lista será

incrementado anualmente por el Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta los costos reales de

las campañas en cada circunscripción. Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo

Nacional Electoral con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar

periódicamente los estudios que correspondan.

Artículo 22. De los anticipos. Los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos

que inscriban candidatos, podrán solicitar en forma justificada al Consejo Nacional Electoral hasta un

ochenta por ciento (80%) de anticipo de la financiación Estatal de las consultas o de las campañas

electorales en las que participen:

El Consejo Nacional Electoral autorizará el anticipo teniendo en cuenta la disponibilidad

presupuestal, y calculará su cuantía a partir del valor de la financiación estatal recibida por el

solicitante en la campaña anterior para el mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción,

actualizado con base en el índice de precios del consumidor. Si el partido, movimiento político o grupo

significativo de ciudadanos no hubiere participado en la elección anterior, dicho anticipo se calculará

teniendo en cuenta el menor valor de reposición paga do para el respectivo cargo o lista en la elección

anterior.

Los anticipos a que se refiere esta disposición podrán ser girados hasta por el monto garantizado,

dentro de los cinco días siguientes a la inscripción del candidato o lista, previa aprobación y

aceptación de la póliza o garantía correspondiente.

El valor del anticipo se deducirá de la financiación que le correspondiere al partido o movimiento

político o grupo significativo de ciudadanos por concepto de reposición de gastos de la campaña.

Si no se obtuviere derecho a financiación estatal, el beneficiario del anticipo deberá devolverlo en

su totalidad dentro de los tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se

hará efectiva la correspondiente póliza o garantía, excepto en el caso de las campañas presidenciales

en las que no habrá lugar a la devolución del monto recibido por concepto de anticipo, siempre que

hubiere sido gastado de conformidad con la ley.

En estos casos, el partido, movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, podrá financiar

los gastos pendientes de pago mediante financiación privada dentro de los montos señalados para la

correspondiente elección, previa autorización del Consejo Nacional Electoral.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Si el valor del anticipo fuere superior al valor de la financiación que le correspondiere partido

movimiento político o grupo significativo de ciudadanos, este deberá pagar la diferencia dentro de los

tres meses siguientes a la declaratoria de la elección, a cuyo vencimiento se hará efectiva la

respectiva póliza o garantía.

Artículo 23. Límites a la financiación privada. Ningún partido, movimiento, grupo significativo

de ciudadanos, candidato o campaña, podrá obtener créditos ni recaudar recursos originados en

fuentes de financiación privada, por más del valor total de gastos que se pueden realizar en la

respectiva campaña. Tampoco podrá recaudar contribuciones y donaciones individuales superiores al

10% de dicho valor total.

La financiación originada en recursos propios, del cónyuge, compañero permanente o parientes

en el grado que autoriza la ley, no estará sometida a los límites individuales a que se refiere esta

disposición pero en ningún caso la sumatoria de tales aportes o créditos podrá ser superior al monto

total de gastos de la campaña. El valor de los créditos de cualquier origen tampoco estará sometido

a límites individuales.

Con posterioridad a las campañas y previa autorización del Consejo Nacional Electoral, las

obligaciones pendientes de pago se podrán cancelar con la condonación parcial de créditos o con

recursos originados en fuentes de financiación privada y dentro de los límites individuales señalados

en esta disposición, pero tales condonaciones, aportes o contribuciones no tendrán el carácter de

donaciones ni los beneficios tributarios reconocidos en la ley para este tipo de donaciones.

Artículo 24. Límites al monto de gastos. Los límites de gastos de las campañas electorales a

los distintos cargos y corporaciones de elección popular serán fijados por el Consejo Nacional Electoral

en el mes de enero de cada año, teniendo en cuenta los costos reales de las campañas, el

correspondiente censo electoral y la apropiación presupuestal para la financiación estatal de las

mismas.

Para efectos del cumplimiento de esta disposición, el Consejo Nacional Electoral con el apoyo del

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá realizar periódicamente los estudios que

correspondan con el objeto de garantizar que los límites al monto de gastos fijados reflejen el valor

real de las campañas electorales.

El monto máximo de gastos se fijará por cada candidato a cargo uninominal o por lista de

candidatos a corporaciones de elección popular. En el caso de listas con voto preferente el monto

máximo de gastos por cada uno de los integrantes de la lista será el resultado de dividir el monto

máximo de gastos de la lista por el número de candidatos inscritos. El Consejo Nacional Electoral

señalará, adicionalmente, el monto máximo que cada partido o movimiento con personería jurídica

puede invertir en la campaña electoral institucional a favor de sus candidatos o listas.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el

Concejo Nacional Electoral y el Ministerio de Hacienda realizarán el estudio base para la actualización

de los costos reales de las campañas.

Artículo 25. Administración de los recursos y presentación de informes. Los recursos de

las campañas electorales cuyo monto máximo de gastos sea superior a doscientos (200) salarios

mínimos legales mensuales originados en fuentes de financiación privada serán administrados por los

gerentes de campaña designados por los candidatos a los cargos uninominales y a las corporaciones

públicas cuando se trate de listas con voto preferente. En los casos de listas cerradas el gerente será

designado de común acuerdo por los candidatos o, en su defecto, por el partido, movimiento o comité

promotor del grupo significativo de ciudadanos.

Los recursos en dinero se recibirán y administrarán a través de una cuenta única que el gerente de

campaña abrirá en una entidad financiera legalmente autorizada, quien podrá igualmente, bajo su

responsabilidad, abrir las subcuentas que considere necesarias para la descentralización de la

campaña. Estas cuentas estarán exentas del impuesto a las transacciones bancarias. La

Superintendencia Financiera establecerá un régimen especial de control y vigilancia que garantice la

transparencia en el manejo de dichas cuentas.

El partido o movimiento político con personería jurídica podrán adoptar reglas especiales para la

financiación y administración de las campañas, la designación de los gerentes de campaña, y demás

aspectos que consideren necesarios para garantizar la transparencia, la moralidad y la igualdad. Dicha

reglamentación deberá ser registrada ante el Consejo Nacional Electoral para efectos de la vigilancia y

control que le corresponde.

El Consejo Nacional Electoral reglamentará el procedimiento para la presentación de informes de

ingresos y gastos de las campañas, en el que establecerá las obligaciones y responsabilidades

individuales de los partidos, movimientos, candidatos o gerentes, el cual permitirá reconocer la

financiación estatal total o parcialmente de acuerdo con los informes presentados. El procedimiento

establecido deberá permitir determinar la responsabilidad que corresponde a cada uno de los

obligados a presentar los informes, en caso de incumplimiento de sus obligaciones individuales.

Los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos presentarán ante el

Consejo Nacional Electoral los informes consolidados de ingresos y gastos de las campañas electorales

en las que hubiere participado dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la votación. Los

gerentes de campaña y candidatos deberán presentar ante el respectivo partido, movimiento político

o grupo significativo de ciudadanos los informes individuales de ingresos y gastos de sus campañas

dentro del mes siguiente a la fecha de la votación.

Parágrafo 1°. Los informes que corresponde presentar a los partidos y movimientos políticos ante

el Consejo Nacional Electoral se elaborarán con base en los informes parciales que les presenten los

gerentes y/o candidatos, de conformidad con la reglamentación a que se refiere el artículo anterior.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Dichos informes incluirán el manejo dado a los anticipos y los demás gastos realizados con cargo a los

recursos propios.

Parágrafo 2°. Los partidos políticos, movimientos o grupos significativos de ciudadanos, designarán

un grupo de auditores, garantizando el cubrimiento de las diferentes jurisdicciones, que se encargarán

de certificar, durante la campaña, que las normas dispuestas en el presente artículo se cumplan.

Artículo 26. Pérdida del cargo por violación de los límites al monto de gastos. La

violación de los límites al monto de gastos de las campañas electorales, se sancionará con la pérdida

del cargo, así:

1. En el caso de candidatos elegidos a corporaciones públicas se seguirá el procedimiento de

pérdida de investidura definido en la Constitución y la ley.

2. En el caso de alcaldes y gobernadores, la pérdida del cargo será decidida por la jurisdicción de lo

contencioso administrativo, de acuerdo con el procedimiento para declarar la nulidad de la elección.

En este caso el término de caducidad se contará a partir de la ejecutoria del acto administrativo por

medio del cual el Consejo Nacional Electoral determinó la violación de los límites al monto de gastos.

Una vez establecida la violación de los límites al monto de gastos, el Consejo Nacional Electoral

presentará ante la autoridad competente la correspondiente solicitud de pérdida del cargo.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Artículo 27. Financiación prohibida. Se prohíben las siguientes fuentes de financiación de los

partidos, movimientos políticos y campañas:

1. Las que provengan, directa o indirectamente, de gobiernos o personas naturales o jurídicas

extranjeras, excepto las que se realicen a título de cooperación técnica para el desarrollo de

actividades distintas a las campañas electorales.

2. Las que se deriven de actividades ilícitas o tengan por objeto financiar fines antidemocráticos o

atentatorios del orden público.

3. Las contribuciones o donaciones de personas titulares del derecho real, personal, aparente o

presunto, de dominio, respecto de bienes sobre los cuales se hubiere iniciado un proceso de extinción

de dominio.

4. Las contribuciones anónimas.

5. Las de personas naturales contra las cuales se hubiere formulado acusación o imputación en un

proceso penal por delitos relacionados con la financiación, pertenencia o promoción de grupos

armados ilegales, narcotráfico, delitos contra la administración pública, contra los mecanismos de

participación democrática y de lesa humanidad.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

6. Las que provengan de personas que desempeñan funciones públicas, excepto de los miembros

de corporaciones públicas de elección popular, quienes podrán realizar aportes voluntarios a las

organizaciones políticas a las que pertenezcan, con destino a la financiación de su funcionamiento y a

las campañas electorales en las que participen, de acuerdo con los límites a la financiación privada

previstos en el artículo 25 de la presente ley.

7. Las que provengan de personas naturales o jurídicas cuyos ingresos en el año anterior se hayan

originado en más de un cincuenta por ciento de contratos o subsidios estatales; que administren

recursos públicos o parafiscales, o que tengan licencias o permisos para explotar monopolios estatales

o juegos de suerte y azar.

TÍTULO III

DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

CAPÍTULO I

De la inscripción de candidatos

Artículo 28. Inscripción de candidatos. Los partidos y movimientos políticos con personería

jurídica podrán inscribir candidatos a cargos y corporaciones de elección popular previa verificación

del cumplimiento de las calidades y requisitos de sus candidatos, así como de que no se encuentran

incursos en causales de inhabilidad o incompatibilidad. Dichos candidatos deberán ser escogidos

mediante procedimientos democráticos, de conformidad con sus estatutos. Las listas donde se elijan 5

o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta _exceptuando

su resultado_ deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros.

Los Partidos y Movimientos Políticos con Personería Jurídica podrán inscribir candidatos y listas para

toda clase de cargos y corporaciones de elección popular, excepto para la elección de congresistas por

las circunscripciones especiales de minorías étnicas.

En las circunscripciones especiales de minorías étnicas la inscripción de las listas sólo podrá ser

realizada por partidos y movimientos que hubiesen obtenido su personería jurídica con fundamento en

el régimen excepcional previsto en la ley para tales minorías o por organizaciones sociales integradas

por miembros de dichas comunidades reconocidas por el Ministerio del Interior y de Justicia.

Los candidatos de los grupos significativos de ciudadanos serán inscritos por un comité integrado

por tres (3) ciudadanos, el cual deberá registrarse ante la correspondiente autoridad electoral cuando

menos un (1) mes antes de la fecha de cierre de la respectiva inscripción y, en todo caso, antes del

inicio de la recolección de firmas de apoyo a la candidatura o lista. Los nombres de los integrantes del

Comité, así como la de los candidatos que postulen, deberán figurar en el formulario de recolección de

las firmas de apoyo.

Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica que decidan promover el voto en blanco y

los comités independientes que se organicen para el efecto, deberán inscribirse ante la autoridad

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

electoral competente para recibir la inscripción de candidatos, de listas o de la correspondiente iniciativa en

los mecanismos de participación ciudadana. A dichos promotores se les reconocerán, en lo que fuere

pertinente, los derechos y garantías que la ley establece para las demás campañas electorales, incluida la

reposición de gastos de campaña, hasta el monto que previamente haya fijado el Consejo Nacional

Electoral.

Artículo 29. Candidatos de coalición. Los partidos y movimientos políticos con personería

jurídica coaligados entre sí y/o con grupos significativos de ciudadanos, podrán inscribir candidatos de

coalición para cargos uninominales o corporaciones públicas. El candidato de coalición será el

candidato único de los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que participen en

ella. Igualmente será el candidato único de los partidos y movimientos con personería jurídica que

aunque no participen en la coalición decidan adherir o apoyar al candidato de la coalición. En el caso

de las campañas presidenciales también formarán parte de la coalición los partidos y movimientos

políticos que públicamente manifiesten su apoyo al candidato.

En el formulario de inscripción se indicarán los partidos y movimientos que integran la coalición y la

filiación política de los candidatos.

Parágrafo 1°. Antes de la inscripción del candidato, la coalición debe haber determinado los

siguientes aspectos; mecanismo mediante el cual se efectúa la designación del candidato, el programa

que va a presentar el candidato a gobernador o alcalde, el mecanismo mediante el cual se financiará

la campaña y cómo se distribuirá entre los distintos partidos y movimientos que conforman la

coalición la reposición estatal de los gastos, así como los sistemas de publicidad y auditoría interna.

Igualmente deberán determinar el mecanismo mediante el cual formarán la terna en los casos en que

hubiere lugar a reemplazar al elegido.

Parágrafo 2°. La suscripción del acuerdo de coalición tiene carácter vinculante y por tanto, los

partidos y movimientos políticos y sus directivos, y los promotores de los grupos significativos de

ciudadanos no podrán inscribir, ni apoyar candidato distinto al que fue designado por la coalición. La

inobservancia de este precepto, será causal de nulidad o revocatoria de la inscripción del candidato

que se apoye, diferente al designado en la coalición.

Parágrafo 3°. En caso de faltas absolutas de gobernadores o alcaldes, el Presidente de la

República o el gobernador, según el caso, dentro de los dos (2) días siguientes a la ocurrencia de la

causal, solicitará al partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato una terna integrada por

ciudadanos pertenecientes al respectivo partido, movimiento o coalición. Si dentro de los diez (10)

días hábiles siguientes al de recibo de la solicitud no presentaren la terna, el nominador designará a

un ciudadano respetando el partido, movimiento o coalición que inscribió al candidato.

No podrán ser encargados o designados como gobernadores o alcaldes para proveer vacantes

temporales o absolutas en tales cargos, quienes se encuentren en cualquiera de las inhabilidades a

que se refieren los numerales 1, 2, 5 y 6 del artículo 30 y 1, 4 y 5 del artículo 37 de la Ley 617 de

2000.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección

popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política.

Artículo 30. Periodos de inscripción. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y

corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha

de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República

sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de

la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la

declaratoria de resultados de la consulta.

En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del periodo de cargos y

corporaciones de elección popular, el periodo de inscripción durará quince (15) días calendario

contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.

Deberán repetirse por una sola vez las votaciones que se realicen para elegir alcaldes,

gobernadores, Presidente de la República en primera vuelta o miembros de una Corporación Pública

cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor

votación.

La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días

calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente

autoridad escrutadora.

Parágrafo. En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se

hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la

fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo

inmediatamente siguiente.

Artículo 31. Modificación de las inscripciones. La inscripción de candidatos a cargos y

corporaciones de elección popular sólo podrá ser modificada en casos de falta de aceptación de la

candidatura o de renuncia a la misma, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de

cierre de las correspondientes inscripciones.

Cuando se trate de revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad

sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la inscripción, podrán modificarse las inscripciones

hasta un (1) mes antes de la fecha de la correspondiente votación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 190 de la Constitución, en caso de muerte o incapacidad

física permanente podrán inscribirse nuevos candidatos hasta ocho (8) días antes de la votación. Si la

fecha de la nueva inscripción no permite la modificación de la tarjeta electoral o del instrumento que

se utilice para la votación, los votos consignados a favor del candidato fallecido se computarán a favor

del inscrito en su reemplazo.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

La muerte deberá acreditarse con el certificado de defunción. La renuncia a la candidatura deberá

presentarla el renunciante directamente o por conducto de los inscriptores, ante el funcionario

electoral correspondiente.

Artículo 32. Aceptación o rechazo de inscripciones. La autoridad electoral ante la cual se

realiza la inscripción verificará el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la misma y, en

caso de encontrar que los reúnen, aceptarán la solicitud suscribiendo el formulario de inscripción en la

casilla correspondiente.

La solicitud de inscripción se rechazará, mediante acto motivado, cuando se inscriban candidatos

distintos a los seleccionados mediante consultas populares o internas, o cuando los candidatos hayan

participado en la consulta de un partido, movimiento político o coalición, distinto al que los inscribe.

Contra este acto procede el recurso de apelación de conformidad con las reglas señaladas en la

presente ley.

En caso de inscripción de dos o más candidatos o listas se tendrá como válida la primera

inscripción, a menos que la segunda inscripción se realice expresamente como una modificación de la

primera.

Artículo 33. Divulgación. Dentro de los dos (2) días calendario siguientes al vencimiento del

término para la modificación de la inscripción de listas y candidatos, la Registraduría Nacional del

Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral publicarán en un lugar visible de sus dependencias y en su

página en internet, la relación de candidatos a cargos y corporaciones públicas de elección popular

cuyas inscripciones fueron aceptadas.

Dentro del mismo término las remitirá a los organismos competentes para certificar sobre las

causales de inhabilidad a fin de que informen al Consejo Nacional Electoral, dentro de los tres (3) días

hábiles siguientes a su recibo, acerca de la existencia de candidatos inhabilitados, en especial las

remitirá a la Procuraduría General de la Nación para que previa verificación en la base de sanciones e

inhabilidades de que trata el artículo 174 del Código Disciplinario Único, publique en su página web el

listado de candidatos que registren inhabilidades.

CAPÍTULO II

De la campaña electoral

Artículo 34. Definición de campaña electoral. Para efectos de la financiación y de la rendición

pública de cuentas, entiéndase por campaña electoral el conjunto de actividades realizadas con el

propósito de convocar a los ciudadanos a votar en un determinado sentido o a abstenerse de hacerlo.

La propaganda electoral constituye una de las actividades principales de la campaña y cumple la

función de promover masivamente los proyectos electorales sometidos a consideración de los

ciudadanos o una determinada forma de participación en la votación de que se trate.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

La recaudación de contribuciones y la realización de gastos de campaña podrá ser adelantada por

los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos, durante los seis (6) meses

anteriores a la fecha de la votación. Los candidatos, por su parte, solo podrán hacerlo a partir de su

inscripción.

CAPÍTULO III

De la propaganda electoral y del acceso a los medios de comunicación

Artículo 35. Propaganda electoral. Entiéndase por propaganda electoral toda forma de

publicidad realizada con el fin de obtener el voto de los ciudadanos a favor de partidos o movimientos

políticos, listas o candidatos a cargos o corporaciones públicas de elección popular, del voto en

blanco, o de una opción en los mecanismos de participación ciudadana.

La propaganda a través de los medios de comunicación social y del espacio público, únicamente

podrá realizarse dentro de los sesenta (60) días anteriores a la fecha de la respectiva votación, y la

que se realice empleando el espacio público podrá realizarse dentro de los tres (3) meses anteriores a

la fecha de la respectiva votación.

En la propaganda electoral sólo podrán utilizarse los símbolos, emblemas o logotipos previamente

registrados ante el Consejo Nacional Electoral por los partidos, movimientos políticos, grupos

significativos de ciudadanos, coaliciones o comités de promotores, los cuales no podrán incluir o

reproducir los símbolos patrios, los de otros partidos o movimientos políticos, ni ser iguales o generar

confusión con otros previamente registrados.

Artículo 36. Espacios gratuitos en radio y televisión. Dentro de los dos meses anteriores a la

fecha de toda votación y hasta cuarenta y ocho (48) horas antes de la misma, los partidos y

movimientos políticos, las organizaciones sociales y los grupos significativos de ciudadanos, que hayan

inscrito candidatos y los promotores del voto en blanco, tendrán derecho a espacios gratuitos en los

medios de comunicación social que hacen uso del espectro electromagnético, proporcionalmente al

número de elegidos, para la realización de las campañas de sus candidatos u opciones a la

Presidencia de la República y de sus listas al Congreso de la República.

Igualmente, previo concepto del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones y/o

de la Comisión Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces, el Consejo Nacional

Electoral deberá asignarles gratuitamente espacios con cobertura en la correspondiente

circunscripción, para la propaganda electoral de sus candidatos u opciones a elegir en circunscripción

territorial.

El Consejo Nacional Electoral, previo concepto de la Comisión Nacional de Televisión o el

organismo que haga sus veces, establecerá el número, duración y franjas de emisión de estos

espacios, y los asignará a sus destinatarios, de conformidad con las siguientes reglas:

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

1. Se otorgará igual número de espacios a cada una de las listas, candidatos u opciones electorales

inscritas, en cada franja de transmisión, razón por la que se asignará el número de espacios

necesarios para garantizar la igualdad aquí consagrada.

2. La duración de los espacios podrá ser diferente y variable teniendo en cuenta la naturaleza de la

elección.

3. Los espacios se sortearán por franjas de horario teniendo en cuenta la audiencia o sintonía de

cada franja, y garantizando que se otorgarán espacios en horarios de mayor sintonía o audiencia.

4. El sorteo garantizará que ninguna campaña pueda repetir espacio en la misma franja hasta tanto

no hayan tenido oportunidad de hacerlo las demás campañas.

5. Los espacios no son acumulables, razón por la cual se perderán cuando no sean utilizados por

las respectivas campañas.

6. Los costos de producción serán asumidos por las campañas beneficiarias de los mismos.

7. Durante dicho lapso los espacios gratuitos otorgados a los partidos y movimientos políticos para

la divulgación política institucional podrán utilizarse en las campañas electorales en las que participen,

de conformidad con el reglamento que adopte el Consejo Nacional Electoral.

Parágrafo. El Estado reservará las franjas del espectro electromagnético que se requieran para el

cumplimiento de lo dispuesto en este artículo y para la publicidad a cargo de la organización electoral,

El pago, si a ello hubiere lugar, por la utilización de los espacios asignados por el Consejo Nacional

Electoral se hará con cargo al Presupuesto General de la Nación para lo cual se apropiarán

anualmente las partidas necesarias.

Artículo 37. Número máximo de cuñas, avisos y vallas. El Consejo Nacional Electoral

señalará el número y duración de emisiones en radio y televisión, el número y tamaño de avisos en

publicaciones escritas y de vallas, que pueden tener en cada campaña los partidos, movimientos y

grupos significativos de ciudadanos que hayan inscrito candidatos.

Artículo 38. Promotores del voto en blanco y de mecanismos de participación

ciudadana. Los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y grupos significativos de

ciudadanos que promuevan el voto en blanco en las campañas para cargos o corporaciones de elección

popular, podrán realizar propaganda electoral en las mismas condiciones fijadas para las demás opciones a

elegir respecto del mismo cargo o corporación, en la respectiva circunscripción.

CAPÍTULO IV

Del voto electrónico

Artículo 39. Implementación. Con el fin de garantizar agilidad y transparencia en las

votaciones, la organización electoral implementará el voto electrónico.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

El sistema que se adopte deberá permitir la identificación del elector con la cédula vigente o

mediante la utilización de medios tecnológicos y/o sistemas de identificación biométricos, que

permitan la plena identificación del elector. La identificación del elector, en todo caso, podrá ser

independiente de la utilización de mecanismos de votación electrónica, y su implementación no

constituye prerrequisito o condición para la puesta en práctica de tales mecanismos de votación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil estipulará en los contratos que se celebren para la

implementación del voto electrónico, la propiedad de la Nación de los programas que se diseñen en

desarrollo de su objeto y/o los derechos de uso de los programas fuente de los que se adquieran, así

como la propiedad de todos los datos que se vinculen a la correspondiente base de datos.

El gobierno priorizará a través de los mecanismos presupuestales que corresponda la destinación

de los recursos necesarios para el cumplimiento del presente artículo.

Parágrafo transitorio. La Registraduría Nacional del Estado Civil implementará, a partir de las

próximas elecciones, la identificación biométrica de los electores. Igualmente iniciará el desarrollo del

sistema de voto electrónico de conformidad con un plan piloto en las circunscripciones y en el

porcentaje que apruebe la Comisión de que trata el artículo siguiente. La implementación del nuevo

mecanismo se realizará gradualmente hasta alcanzar su pleno desarrollo dentro del término previsto por

la mencionada Comisión. En ningún caso el término excederá su plena implementación más allá de las

elecciones para Congreso que se realizarán en el año 2014.

Artículo 40. Comisión Asesora. Créase una Comisión asesora para la incorporación,

implantación y/o diseño de tecnologías de la información y de las comunicaciones en el proceso

electoral, la cual estará integrada así:

1. El Registrador Nacional del Estado Civil o su delegado.

2. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.

3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.

4. El Ministro de las Tecnologías de la Información o su delegado

5. El Director del Departamento Administrativo Nacional de Planeación o su delegado.

6. Dos (2) magistrados del Consejo Nacional Electoral, designados por su sala plena.

7. Un delegado de cada Partido o Movimiento Político con personería jurídica, designado por la

Presidencia o Dirección General de la Colectividad.

Parágrafo. La Comisión será presidida por el Registrador Nacional del Estado Civil, se dará su

propio reglamento, se reunirá por derecho propio cuando menos dos veces al mes, y contará con el

acompañamiento técnico de entidades u organismos especializados en la materia. A sus sesiones

podrán asistir servidores públicos y particulares invitados por la misma.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

TÍTULO IV

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 41. Del escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras distritales,

municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a

partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a

medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva

Registraduría previamente señale.

Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el

escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9) de la

mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar el

correspondiente escrutinio.

Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas autorizadas

por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio de mesa

a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será

entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras fotográficas o de video.

Artículo 42. De las comisiones escrutadoras. Los miembros de las comisiones escrutadoras

deberán estar en la sede del escrutinio desde las tres y media (3:30) de la tarde del día de la

votación, activarán la entrega de los pliegos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía

y sectores rurales que no se hayan introducido en el arca triclave al empezar el escrutinio, verificarán

cuidadosamente la hora y el estado de los mismos al ser recibidos, de todo lo cual se dejará

constancia en el acta de introducción que suscriben los claveros.

Si faltaren pliegos de los corregimientos, inspecciones de policía o sectores rurales, la comisión

escrutadora no podrá concluir el escrutinio antes de vencerse el mayor de los términos de distancia

fijados por el Registrador Nacional del Estado Civil para el respectivo municipio.

Parágrafo. Las Comisiones Escrutadoras, según el caso, entregarán a un testigo por partido,

movimiento político o grupos significativo de ciudadanos, en medio físico o magnético, una copia de

las actas parciales de escrutinio en cada jornada. Para iniciar la nueva jornada la Comisión

Escrutadora, verificará junto con los Testigos Electorales, que los datos parciales de escrutinio

coincidan con la información entregada en la jornada anterior.

De igual manera, las Comisiones Escrutadoras deberán entregar, según el caso, en medio físico o

magnético, una copia del acta final de escrutinio.

Artículo 43. De los escrutinios de los delegados del Consejo Nacional Electoral. Los

escrutinios generales que deben realizar los delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las

nueve (9) de la mañana del martes siguiente a las elecciones, en la capital del respectivo

Departamento.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Los delegados del Consejo deberán iniciar y adelantar el escrutinio general, aunque no se haya

recibido la totalidad de los pliegos electorales de los municipios que integran la suscripción electoral.

Artículo 44. Del horario de los escrutinios para fórmula Presidencial. Los escrutinios para

Presidente y Vicepresidente de la República tendrán el mismo horario que para el resto de elecciones.

Artículo 45. Testigos electorales. Los partidos, movimientos y grupos significativos de

ciudadanos, que inscriban candidatos a cargos o corporaciones de elección popular o promuevan el

voto en blanco, así como las organizaciones de observación electoral reconocidas por el Consejo

Nacional Electoral, tienen derecho a ejercer vigilancia de los correspondientes procesos de votación y

escrutinios, para lo cual podrán acreditar ante el Consejo Nacional Electoral los testigos electorales por

cada mesa de votación y por cada uno de los órganos escrutadores. Cuando se trate de procesos a los

que se han incorporado recursos tecnológicos, se podrán acreditar también auditores de sistemas.

Los testigos electorales vigilarán el proceso de las votaciones y de los escrutinios, podrán formular

reclamaciones y solicitar la intervención de las autoridades. Para el cumplimiento de sus funciones

podrán utilizar prendas de vestir que los identifiquen según las opciones políticas que representen.

Parágrafo. El Consejo Nacional Electoral podrá delegar en servidores de la organización electoral

encargados de la organización de las elecciones o en los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica, la función de autorizar las correspondientes acreditaciones y, así mismo,

reglamentar las formas y los procedimientos de acreditación e identificación de testigos y auditores.

Artículo 46. Unidad Nacional de Delitos contra los Mecanismos de Participación

Democrática. Créase la Unidad Nacional de Delitos contra los mecanismos de participación

democrática en la Fiscalía General de la Nación, con el fin de investigar y sancionar los delitos contra

los mecanismos de participación democrática.

Artículo 47. Censo electoral. El censo electoral es el registro general de las cédulas de

ciudadanía correspondientes a los ciudadanos colombianos, residentes en el país y en el exterior,

habilitados por la Constitución y la ley para ejercer el derecho de sufragio y, por consiguiente, para

participar en las elecciones y para concurrir a los mecanismos de participación ciudadana.

El censo electoral determina el número de electores que se requiere para la validez de los actos y

votaciones a que se refieren los artículos 106, 155, 170, 375, 376, 377 y 378 de la Constitución

Política. Es también el instrumento técnico, elaborado por la Registraduría Nacional del Estado Civil,

que le permite a la Organización Electoral planear, organizar, ejecutar y controlar los certámenes

electorales y los mecanismos de participación ciudadana.

El Censo Electoral está formado por:

1. Las cédulas de los ciudadanos que hayan sufragado en las últimas elecciones o en el último

mecanismo de participación popular de carácter nacional, departamental o municipal, según el caso.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

2. Las cédulas de ciudadanía que hayan sido expedidas por primera vez con posterioridad al

certamen electoral o mecanismo de participación ciudadana previsto en el numeral anterior.

3. Las cédulas de los ciudadanos que no figuren en el censo electoral por no reunir los requisitos

citados y pidan ser inscritos en él antes de la nueva votación.

Artículo 48. Depuración permanente del censo electoral. Los principios de publicidad y de

eficacia del censo electoral exigen que la organización electoral cuente con la debida anticipación, con

datos ciertos y actuales para el desarrollo de los comicios y de los mecanismos de participación

ciudadana.

En cumplimiento de estos principios deben ser permanentemente depuradas del censo electoral las

siguientes cédulas de ciudadanía:

1. Las pertenecientes a ciudadanos que se encuentren en situación de servicio activo a la Fuerza

Pública.

2. Las pertenecientes a ciudadanos inhabilitados para el ejercicio de derechos y funciones públicas

en virtud de sanción disciplinaria en firme o de sentencia penal ejecutoriada.

3. Las correspondientes a ciudadanos fallecidos.

4. Las cédulas múltiples.

5. Las expedidas a menores de edad.

6. Las expedidas a extranjeros que no tengan carta de naturaleza.

7. Las correspondientes a casos de falsa identidad o suplantación.

Parágrafo. En todo caso, el censo electoral deberá estar depurado dos meses antes de la

celebración de cada certamen electoral o mecanismo de participación ciudadana.

Artículo 49. Inscripción para votar. La inscripción para votar se llevará a cabo

automáticamente al momento de la expedición de la cédula de ciudadanía. La Registraduría Nacional

del Estado Civil establecerá los mecanismos necesarios de publicidad y logística para la actualización

de la información por zonificación; en caso de que el ciudadano cambie de lugar de domicilio o

residencia, dicho proceso se llevará a cabo dentro del año anterior al respectivo proceso electoral y se

cerrará dos (2) meses antes de la respectiva jornada electoral de que se trate.

Artículo 50. Inscripción para votar de ciudadanos colombianos en el exterior. La

inscripción de los ciudadanos colombianos residentes en el exterior para ejercer su derecho al voto

deberá estar abierta en el tiempo hasta los dos meses anteriores a la fecha de la respectiva elección a

cualquier cargo de elección popular. Las sedes consulares habilitadas para tal propósito deberán hacer

la publicidad necesaria para asegurarse que la comunidad nacional respectiva tenga conocimiento

pleno sobre los periodos de inscripción.

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

Parágrafo. Para los fines de lo dispuesto en el presente artículo, se incluirán los días sábado,

domingo y festivos del último mes previo al cierre de la respectiva inscripción.

Artículo 51. Votaciones en el exterior. Los periodos de votación de los ciudadanos

colombianos residentes en el exterior para la elección de cargos de elección popular deberán estar

abiertos durante una semana, entendiéndose que el primer día es lunes anterior a la fecha oficial de

la respectiva elección en el territorio nacional. Lo anterior para facilitar el desplazamiento de

ciudadanos colombianos que se pueden encontrar distantes de la sede consular.

Artículo 52. Transporte. Las empresas de transporte público que tengan rutas y frecuencias u

horarios autorizados en las áreas urbanas, intermunicipales y veredales, están obligadas a prestar el

servicio público de transporte el día de elecciones; el Gobierno Nacional fijará los mecanismos que

aseguren la prestación del servicio.

Artículo 53. Auxiliares o guías de información electoral. Prohíbase la contratación de

personas conocidas como auxiliares electorales, pregoneros, informadores, guía y demás

denominaciones, el día del debate electoral, sin perjuicio de quienes presten este servicio

voluntariamente dentro del ejercicio de la libre expresión democrática.

Artículo 54. Medios de comunicación y democracia. Los medios de comunicación social

tienen la obligación de contribuir al fortalecimiento de la democracia. La propaganda electoral en

dichos medios de comunicación, podrá ser contratada por los partidos y movimientos políticos con

personería jurídica y grupos significativos de ciudadanos, gerentes de campaña o por los promotores

del voto en blanco o de cualquiera de las opciones en los mecanismos de participación ciudadana. Los

candidatos también podrán contratar cuando administren directamente sus campañas.

De la publicidad gratuita, total o parcialmente, debe quedar constancia escrita y se tendrá como

donación, para lo cual se estimará su valor con base en las tarifas establecidas por el mismo medio

para dicha clase de propaganda durante el correspondiente debate electoral.

La propaganda electoral en televisión podrá realizarse en los espacios otorgados para el Estado de

conformidad con el artículo 37 de la presente Ley.

Los concesionarios del servicio de televisión, cualquiera que sea su modalidad, no podrán difundir

propaganda electoral trasmitida en canales de televisión extranjeros en relación con las campañas que

se adelantan en Colombia.

Artículo 55. Vigencia y derogatoria. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga

todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido al artículo 182 de la Ley 5ª de 1992, me permito presentar el texto

definitivo aprobado en sesión Plenaria del Senado de la República el día 13 de diciembre de 2010, AL PROYECTO DE LEY

AQUÍ VIVE LA DEMOCRACIA

Edificio Capitolio Nacional – Primer Piso Teléfonos 3825381 3825186

No. 190 DE 2010 SENADO, 092 DE 2010 CÁMARA “POR LA CUAL SE ADOPTAN REGLAS DE ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO DE LOS PARTIDOS Y MOVIMIENTOS POLÍTICOS, DE LOS PROCESOS ELECTORALES Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES.”, y de esta manera continúe su trámite legal y reglamentario en la Honorable Cámara

de Representantes.

JUAN FERNANDO CRISTO CARLOS ENRIQUE SOTO

Coordinador Ponente Ponente

ROBERTO GERLEIN ECHEVERRIA JORGE EDUARDO LONDOÑO

Ponente Ponente

JUAN CALOS RIZZETTO LUIS CARLOS AVELLANEDA

Ponente Ponente

EL PRESENTE TEXTO FUE APROBADO EN PLENARIA DE SENADO EL 13 DE DICIEMBRE DE 2010 CON

MODIFICACIONES.

Emilio OTERO DAJUD

Secretario General

Elaborado por vip